Máximo Kirchner se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados. A partir del 23 de octubre será juzgado como organizador de una asociación ilícita y por lavado de dinero en la causa Los Sauces SA, la inmobiliaria de la familia Kirchner. Según la acusación, las empresas familiares se crearon solo para darles apariencia legal a fondos ilícitos, lo que permitió un crecimiento patrimonial de la sociedad del 12.000%.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el diputado firmó contratos, cheques y retiros de dividendos, adquirió propiedades y “suscribió los contratos de locación e instrumentó los movimientos bancarios para recibir $25.968.042,30”.
Antes del inicio del debate, el jueves 15 habrá una audiencia clave en la Cámara Federal de Casación Penal para definir si se juzgará solo la causa Los Sauces o si se sumará también la de Hotesur SA, la firma hotelera de la familia. El Tribunal Oral Federal 5, integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Pallioti, había decidido hacer dos juicios separados para agilizar los debates, con el argumento de que tienen objetos procesales y testigos distintos.
El fiscal general Diego Velasco se opuso. Sostiene que ambas empresas fueron usadas para blanquear fondos ilícitos con la participación de Lázaro Báez y Cristóbal López. “Las compañías no tenían un fin comercial real, fueron solo una pantalla para la maniobra delictiva”, afirma la acusación.
Según la Fiscalía, el hijo de Cristina Kirchner “diseñó, ejecutó y dirigió entre enero de 2009 y marzo de 2016 un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de la firma Los Sauces SA”, con el objetivo de legitimar dinero proveniente de la defraudación en la obra pública vial del Grupo Báez y de dádivas por contratos y beneficios otorgados al Grupo Indalo, disfrazados como alquileres de inmuebles y hoteles.
Los Sauces se creó el 7 de noviembre de 2006, con la intervención de Néstor y Cristina Kirchner, y Máximo fue designado presidente del directorio, con la representación legal y la administración de los fondos. Desde ese lugar, según la acusación, tuvo un rol central en la incorporación de inmuebles, terrenos y hoteles.
Entre otras operaciones, aceptó en nombre de la sociedad la cesión de terrenos en Río Gallegos donde una empresa de Báez construyó departamentos que luego fueron alquilados a firmas del mismo grupo. También firmó cheques de la cuenta de su padre para pagar un departamento en el complejo Madero Center, en Puerto Madero, y un dúplex en la calle Juana Manso. Ambos inmuebles fueron después alquilados a empresas del Grupo Indalo. El dúplex y las cocheras costaron 1.407.000 dólares, y el departamento de Madero Center, 943.000.
La acusación menciona además la compra de un terreno de más de 18.000 metros cuadrados a la Municipalidad de El Calafate a 7,50 pesos el metro cuadrado, por un total de 136.149 pesos, cuando el Tribunal de Tasaciones lo valuaba en 445.000. También se le atribuye la compra de un lote contiguo al Hotel Los Sauces, pagado con un cheque de la cuenta de Néstor Kirchner.
Otro punto señalado es la “simulación de compraventa” de un terreno en Río Gallegos a Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez, por 97.000 dólares. Según la Fiscalía, Máximo Kirchner firmó luego una nota para dejar sin efecto la operación, lo que permitió que la sociedad conservara el inmueble sin pagar.
Cuando la familia ya tenía tres hoteles en El Calafate, Los Sauces compró un cuarto complejo en El Chaltén por 200.000 pesos, aunque la tasación real superaba los 2.890.000. El hotel estaba en un terreno que había pertenecido a una empresa de Lázaro y Martín Báez, fue administrado por una firma del Grupo Austral y luego alquilado a Idea SA, de Osvaldo “Bochi” Sanfelice, exsocio de Máximo y coimputado en ambas causas. Sanfelice también intervino en la compra del chalet de la calle Mascarello, en Río Gallegos, destinado al uso personal de la expresidenta.
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