En la mañana de hoy, el Ministerio Público Fiscal representado por el fiscal general Gustavo Núñez y el funcionario de fiscalía Rubén Kholer rebatieron los dichos efectuados por las defensas en sus alegatos, refiriendo a los aspectos que hacen al procedimiento efectuado para la venta de los terrenos y también pusieron énfasis en lo referente a las pericias respecto a la firma en la polémica escritura 94.

Para el doctor Núñez no se agregó nada nuevo y la estrategia defensiva fue traer distintas legislaciones para beneficiar su posición, calificó como torpeza de los defensores al no atacar la credibilidad de los testigos y habló sobre la falta de documentación y la ausencia de la resolución del directorio que autorice la transferencia el inmueble.

Respecto a las pericias cotejadas durante el debate indicó que ya se dejó en claro cuál pericia fue mas positiva que la otra y cuál dejó mas dudas, marcando las diferencias ente las efectuadas por el perito Martín Costa y Eduardo Casá. La defensa había expresado que habían traído al Messi de la caligrafía, pero resultó ser que cuando Messi llegó acá el partido ya estaba 4 a 0 en su contra y lo trajeron en el minuto 94, es decir que llegó muy condicionado y amonestado, dijo el fiscal.

El doctor Kholer reiteró que acerca de la portación del arma calibre 38 por parte de Juan Carlos Rossi quedó acreditado que no había constancia de portación emitida por la jefatura de policía, como tampoco tenía autorizaciones de acuerdo a las normas vigentes.

Para los querellantes Mateo Rossio y Pablo Aguilera, las expresiones de los defensores fueron hechas para confundir intentando introducir la cuestión de derecho privado, siendo que el pacto de retroventa significa una sanción ante un incumplimiento de objetivos por utilidad pública. Expresaron que existe un intento por echar un manto de duda respecto a la pericia de la firma de Mantegna.

Aseguraron que estamos en una circunstancia regidos por el derecho público ya que el inmueble cuestionado forma parte del patrimonio recibido por las contribuciones que los empleadores le deben al instituto de seguridad social y seguros. También hicieron referencia a la situación del perito Eduardo Casá, aludiendo a que fue despedido de la dirección nacional de registro automotor por mantener vínculos comerciales con una empresa a la que debía controlar, situación que fue expuesta en un programa telivisivo, según afirmó.

Los defensores Sobieralski, Jorge Rubiolo y Humberto González tuvieron la posibilidad de responder a la réplica y prácticamente reafirmaron los dichos de sus alegatos, en el sentido de la legalidad bajo la que actuaron sus defendidos y retornando sobre la discusión del derecho público y lo privado. Reivindicaron al perito de parte Casá y en lo que refiere a la falta de autorización del directorio de Seros señalaron que hay hechos que no se prueban con testigos sino con documental.

Plazo hasta viernes 20 de agosto

Tras escuchar a las partes, la Jueza Ivana González explicó que fue un juicio muy largo y complejo, tanto es así que había acumulado unas ciento treinta páginas solo de apuntes tomados durante este debate, por lo que requerirá un tiempo de análisis, que estimó en principio dándose un plazo hasta el viernes 20 de agosto, fecha en que podría comunicar la resolución, aunque no descartó poder hacerlo antes, lo que sería comunicado en forma inmediata por la oficina judicial a las partes interesadas.