Para el fiscal general Héctor Iturrioz el delito cometido “fue grave porque además de darse en una situación de emergencia, afectó a todos los ciudadanos del Chubut representados en el Estado. Además los imputados sabían muy bien qué estaba mal y qué estaba bien, además de la fina sensibilidad social que requería ocupar los cargos que ocupaban” en alusión al Ministerio de Familia. Destacó también que entre las consecuencias hay que tener en cuenta la afectación “a la democracia y a la república”. Con estos aspectos consideró que “la mayor responsabilidad le cayó a Leticia Huichaqueo” para la que pidió una pena de cinco años sea de efectivo cumplimiento, además de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y una multa de 90.000 pesos que –sugirió el fiscal- sean destinados a alguna asociación protectora de animales de Rawson o Comodoro Rivadavia.

Para Juan Carlos Gómez pidió la pena de cuatro años y seis meses de prisión y por último, contra Suárez pidió tres años y seis meses de prisión, “por el alto cargo que ocupaba” y el doble de ese tiempo para ocupar cargos públicos.

Los querellantes, Rodrigo Miquelarena  en representación de la Fiscalía de Estado, y Vivanco Saiegh de la Oficina Anticorrupción, coincidieron con los argumentos y las penas que pidió el fiscal general Iturrioz.

La defensa de Huichaqueo

Javier Romero,  defensor de la ex ministra de familia, adelantó que puede haber una “eventual impugnación” a la pena que recaiga sobre su cliente.  Dijo que “el número de víctimas es indefinido” y calificó algunas de las fotografías exhibidas por Iturrioz como las de “unos pocos pichichos mojados” o “unos pobres perros que no sabemos siquiera si son de Comodoro Rivadavia”.

Aludió también a la diabetes y otras “graves” enfermedades que padece su cliente para luego solicitar la pena de dos años de prisión de prisión y la mitad del monto de la multa que refirió el fiscal Iturrioz. Para el fiscal general Iturrioz las enfermedades alegadas que sufriría Huichaqueo, “no fueron debidamente certificadas” y que “no sufrió violencia de género al ser investigada”.

El defensor de Suárez

El defensor Miguel Moyano asistió durante las audiencias a Marcelo Suárez. Dijo que su cliente tiene como atenuantes la falta de antecedentes penales o problemas con la Ley y confió en que el Tribunal “habrá una justa valoración de la prueba y va a concluir en una pena de ejecución condicional”. Agregó que las penas de encierro “no tienen ningún beneficio ni para el imputado ni para la sociedad y sirven para flagelar a los que son destinados a prisión”. Concluyó en solicitar una pena de un año de carácter condicional además de ofrecerse para realizar tareas de beneficencia en un comedor comunitario por el tiempo que el Tribunal decida.

A su turno el defensor oficial Pablo Sánchez, que en el debate representó a Juan Carlos Gómez, pidió la pena de dos años de prisión de tipo condicional, como partícipe necesario del delito investigado,  “teniendo en cuenta además,  que no tiene antecedentes penales de ningún tipo”.

-Producido por el Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, sede Rawson.