La intervención judicial de la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda de Rawson Ltda. presentó una denuncia penal contra exintegrantes del Consejo de Administración por presunta administración fraudulenta y otras posibles irregularidades que habrían provocado un perjuicio económico multimillonario para la entidad.
La presentación fue realizada por el interventor judicial Juan Ibáñez, quien denunció formalmente ante el Ministerio Público Fiscal a los ex directivos de la cooperativa por la posible comisión del delito previsto en el artículo 173, inciso 7° del Código Penal, sin perjuicio de que surjan otras figuras penales como abuso de autoridad, falsedad ideológica o incumplimiento de deberes cooperativos.
Los señalados en la denuncia son Heladio Gómez, Patricia Gallegos, Cynthia Sanz, Josefa Ávila, Fabián Moyano y César Monsalve, todos ex miembros del Consejo de Administración. A su vez, se pidió investigar el rol de la Sindicatura, compuesta por Alfredo Caballero, Mario Orellano y Marcela Ancaleo, por posible omisión en su deber de control.
Un convenio millonario, incumplido
El conflicto tiene como eje un convenio firmado entre la Cooperativa y el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias – Región Sur (FENTOS), en el cual la entidad reconoció una deuda de más de 176 millones de pesos, pactada en 24 cuotas. Sin embargo, tras el incumplimiento de los pagos acordados, el Sindicato dio por caído el acuerdo e inició una demanda judicial que derivó en una sentencia condenatoria contra la Cooperativa por más de 302 millones de pesos, suma que luego trepó a más de 618 millones, y podría alcanzar los 1.293 millones de pesos según el reclamo en curso.
La intervención señala que la falta de pago no se debió a falta de fondos, sino a una decisión negligente o dolosa, dado que incluso durante el período en cuestión, la cooperativa habría contado con liquidez suficiente como para afrontar los compromisos asumidos. “No existen análisis técnicos que justifiquen haber priorizado otros pagos”, detalla el interventor en la denuncia.
¿Ocultamiento deliberado?
Uno de los aspectos más graves señalados en la presentación judicial es el supuesto ocultamiento de la Carta Documento enviada por el Sindicato en diciembre de 2023, en la que notificaba la resolución contractual. Esa comunicación no habría sido informada oportunamente y solo apareció cuando se notificó la demanda judicial.
Además, se incorporó a la denuncia un dictamen contable firmado por el Cdor. Cristian Eguillor, que respalda la hipótesis del daño patrimonial deliberado o negligente. Según el documento, durante el mismo período la Cooperativa habría decidido invertir 90 millones de pesos en un Fondo Común de Inversión en lugar de pagar las cuotas adeudadas.
Investigación penal en marcha
La denuncia solicita que se inicie formalmente una Investigación Penal Preparatoria para establecer las responsabilidades penales del ex Consejo de Administración y otros posibles partícipes. También se puso a disposición toda la documentación administrativa, contable y legal para facilitar el avance de la causa.
El interventor Ibáñez destacó que el estado financiero de la Cooperativa es actualmente “delicado”, y que los perjuicios derivados de esta situación comprometen gravemente el futuro de la entidad y sus miles de usuarios.