La reciente reforma del régimen pesquero en la provincia de Chubut sumó un nuevo capítulo de alta tensión institucional. La Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley IX N° 180, una norma sancionada en marzo de 2026 que introdujo cambios de fondo en el esquema de permisos y control de la actividad.
El planteo judicial fue elevado ante el Superior Tribunal de Justicia y apunta contra el Estado provincial, con el objetivo de que se declare la nulidad de varios artículos clave de la ley. Según la entidad empresaria, la normativa vulnera derechos constitucionales, afecta la seguridad jurídica y modifica de manera “arbitraria” las condiciones bajo las cuales se desarrolla la pesca en Chubut
En el centro de la polémica se encuentra la incorporación del concepto de “Ficha Limpia Pesquera”, un nuevo requisito que condiciona la obtención, renovación y transferencia de permisos. Este sistema establece que las empresas y sus integrantes deben cumplir con una serie de condiciones fiscales, judiciales y administrativas para poder operar
Desde CAFACH sostienen que este cambio representa un endurecimiento sin precedentes en el régimen, ya que introduce criterios que —según argumentan— no guardan relación directa con la actividad pesquera en sí misma. “Se agregan condicionantes ajenos al desempeño técnico, ambiental o productivo”, advierten en la presentación
Uno de los puntos más sensibles es que la ley habilita la suspensión o caducidad de permisos por situaciones como deudas fiscales o causas judiciales sin sentencia firme. Para los demandantes, esto implica una vulneración al principio de inocencia y al debido proceso, al permitir sanciones anticipadas sin resolución judicial definitiva
Además, el sector empresario cuestiona el impacto económico de la norma. Argumentan que la pesca en Chubut requiere inversiones de gran escala y planificación a largo plazo, por lo que cualquier modificación abrupta en las reglas de juego pone en riesgo no solo a las empresas, sino también a cientos de puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente a la actividad
En esa línea, la demanda señala que la ley afecta derechos adquiridos y rompe con la previsibilidad necesaria para el desarrollo productivo. También advierte que podría generar un efecto dominó en la cadena pesquera, impactando en proveedores, trabajadores y economías regionales
Otro de los argumentos centrales es que la provincia habría excedido sus facultades al legislar sobre aspectos que podrían corresponder a la órbita nacional. En particular, se cuestiona la posible superposición con normativas federales vinculadas a la navegación y la explotación de recursos marítimos .
En términos políticos, el documento deja entrever una fuerte crítica al uso de la regulación como herramienta de control. Según CAFACH, la norma podría derivar en un mecanismo de “disciplinamiento” del sector, al otorgar amplias facultades al Estado para determinar quién puede o no operar, bajo criterios que consideran discrecionales.
Frente a este escenario, la entidad solicita que se declare la inconstitucionalidad de la ley y se suspenda su aplicación. De manera alternativa, pide que se limite su alcance para evitar efectos retroactivos o interpretaciones que agraven la situación de las empresas ya instaladas .
El caso abre un debate de fondo que trasciende al sector pesquero: hasta dónde puede avanzar el Estado en la regulación de actividades productivas sin afectar derechos fundamentales ni generar incertidumbre jurídica. La resolución del Superior Tribunal de Justicia será clave no solo para definir el futuro inmediato de la pesca en Chubut, sino también para establecer un precedente sobre los límites del poder regulatorio en la provincia.
Mientras tanto, el conflicto suma presión política y económica en un contexto ya complejo, donde la relación entre el sector privado y el Estado vuelve a tensarse en torno a reglas, controles y el rumbo del desarrollo productivo.