El ardid delictivo consistió en desviar esos fondos, valiéndose de aplicaciones bancarias y billeteras virtuales. Desde la cuenta accedida de la víctima, los sindicados ejecutaron una serie de transferencias hacia cuentas de terceros, todas con conexiones personales o familiares entre sí.
La investigación está a cargo del fiscal Fernando Rivarola, quien solicitó formalmente la apertura de investigación ante la jueza Karina Breckle, quien hizo lugar al pedido por el plazo de seis meses. Los imputados son todos con domicilio en Córdoba, y se los acusa de haber participado en una estafa. El Fiscal General estuvo acompañado durante la audiencia por el Dr Juan UAD, de la UFECy ED.
Al finalizar, la defensa pública, ejercida por los abogados Pablo Sánchez y Miguel Lugo, negó los hechos tal como fueron descriptos por el Fiscal y anticipó que propondrán una salida alternativa al conflicto penal. El Ministerio Público Fiscal tiene 6 meses para obtener más elementos que permiten resolver el caso. La audiencia de apertura de investigación se realizó en la Oficina Judicial de Rawson.
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