El ministro de Economía negó cualquier vinculación con un grupo empresario relacionado con el control de surtidores y planteó la necesidad de una ley que establezca consecuencias para quienes publiquen información “sin sustento”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a quedar en el centro de la discusión entre el Gobierno y un sector del periodismo luego de reclamar que la Justicia intervenga frente a periodistas que, según consideró, difunden información falsa.
La reacción del funcionario se produjo luego de una publicación en redes sociales que lo vinculó con un grupo empresario presuntamente beneficiado por la adjudicación del control de surtidores de combustibles.
Caputo rechazó de plano esa versión.
“Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.
Pero el ministro fue más allá de la desmentida y planteó una discusión que seguramente generará repercusiones políticas y periodísticas.
“Pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido”, cuestionó.
Caputo pidió consecuencias judiciales
El ministro sostuvo que “la Justicia debería actuar” y planteó incluso la necesidad de avanzar con una legislación específica.
“Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas”, expresó Caputo, quien agregó: “No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias”.
Las declaraciones vuelven a poner sobre la mesa un debate sensible: hasta dónde llega el derecho del Gobierno a responder frente a publicaciones que considera falsas y dónde comienza la discusión sobre la libertad de prensa y de expresión.
Un nuevo cruce con los medios
Caputo también cuestionó una nota publicada por un diario porteño que advertía sobre un recrudecimiento de los ataques contra periodistas.
“El título debiera ser exactamente el opuesto: recrudece el ataque DEL periodismo”, respondió.
Según el ministro, existe “un sector del periodismo” que se atribuye “el derecho a mentir e injuriar”, mientras cuestiona que los funcionarios respondan públicamente o expongan lo que consideran calumnias.
El episodio se produce además en medio de una relación cada vez más tensa entre el Gobierno nacional y sectores de la prensa, luego de que el presidente Javier Milei volviera a cuestionar este martes el tratamiento periodístico de la situación económica y, particularmente, de los niveles de morosidad.
El planteo de Caputo agrega ahora otro ingrediente: ya no se trata solamente de cuestionar públicamente a periodistas o medios, sino de plantear la posibilidad de consecuencias judiciales y de una legislación específica.
Y allí probablemente se abra el verdadero debate: ¿cómo combatir deliberadamente una información falsa sin avanzar sobre garantías esenciales para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión?
Fuente: Agencia NA