“¿Ya firmaste?”, pregunta uno.
“Todavía no… pero me dijeron que es mejor hacerlo”, responde el otro.
La escena, repetida en pasillos, oficinas y despachos de distintos organismos provinciales, empieza a transformarse en una postal incómoda dentro de la administración pública de Chubut. Según relatan trabajadores y mandos medios, desde algunas segundas líneas del Gobierno provincial se estaría impulsando con fuerza la afiliación de directores, jefes de departamento y personal jerárquico al nuevo espacio político que promueve el gobernador Ignacio Torres.
Pero el dato que más ruido genera es otro: en algunos casos, aseguran, los funcionarios llegan directamente con el trámite armado. En una mano, el formulario de baja de la afiliación partidaria histórica de muchos empleados; en la otra, la nueva ficha para sumarse al partido de Torres. Todo listo. Solo falta la firma.
La escena es fuerte y expone un mecanismo que, para muchos, cruza una línea delicada entre la construcción política y la presión interna.
“Ya no es una sugerencia. Te traen los papeles, te los dejan arriba del escritorio y te dicen que hay que acompañar”, cuenta un trabajador que pidió reserva.
El malestar crece. Y con él, la pregunta inevitable: ¿el gobernador sabe lo que está pasando?
Porque si lo sabe, el debate es político y profundo: ¿es parte de la estrategia de armado? Y si no lo sabe, entonces queda expuesto otro fenómeno igual de complejo: funcionarios de segunda línea que, en su necesidad de mostrar lealtad y resultados, avanzan con prácticas que recuerdan a las peores lógicas del viejo aparato político.
En los pasillos del poder ya hay quienes lo dicen sin filtro: “No convencen, entonces presionan”.
La construcción de un partido político necesita militancia, adhesión y convicción. Pero cuando esa adhesión aparece atada a la estructura del Estado, la discusión deja de ser partidaria y pasa a ser institucional.
Y ahí la pregunta ya no es quién firma, sino hasta dónde están dispuestos a llegar para juntar esas afiliaciones.