La crisis de Ueno Bank terminó con la entidad fuera de operación y con Federico Miguel Vázquez, principal accionista del grupo controlador, detenido en la cárcel de Tacumbú, en Asunción. Según la información publicada, casi tres millones de paraguayos quedaron con sus ahorros congelados. El derrumbe financiero también abrió una investigación sobre operaciones crediticias y expuso el peso de uno de los conglomerados empresariales de mayor expansión reciente en Paraguay.
El Grupo Vázquez reúne negocios financieros, tecnológicos, agropecuarios, inmobiliarios y de entretenimiento, entre otros rubros. Su desarrollo se apoyó tanto en empresas familiares como en nuevas adquisiciones y plataformas digitales. Un informe de calificación con datos de diciembre de 2025 contabilizó 28 compañías, distribuidas en seis áreas, y más de 6.000 empleados. Ueno Bank había sido la apuesta central de Federico Vázquez, que buscaba convertirlo en una empresa de alto valor bursátil.
La relevancia del banco para el conglomerado también quedó reflejada en sus resultados operativos. De acuerdo con datos de una calificadora citados en el artículo, Ueno aportaba cerca de US$ 80 millones al EBITDA consolidado del grupo, estimado en US$ 136 millones. La crisis tuvo efectos más allá de la entidad: ITTI, proveedora de servicios tecnológicos para el banco, suspendió a mil empleados; la plataforma de transporte MUV anunció su cierre, que afectaría a unos 3.000 choferes, y la aplicación de delivery Monchis dejó de operar.
El foco de la investigación está en préstamos y sobregiros otorgados a sociedades que, aunque formalmente figuraban a nombre de empleados del conglomerado, habrían estado ligadas a una misma estructura económica. Un informe de supervisión del Banco Central paraguayo, fechado el 8 de junio de 2026 y citado en coberturas periodísticas, reconstruyó operaciones entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. Según esa reconstrucción, Ueno habría desembolsado alrededor de US$ 146 millones a Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA. El monto equivaldría al 35% del patrimonio efectivo del banco y superaría el límite regulatorio del 20% para créditos a partes vinculadas.
Los supervisores cuestionaron las condiciones de esos préstamos, incluidos los montos, los plazos y la falta de garantías o documentación suficiente. También observaron transferencias entre compañías relacionadas: parte del dinero habría pasado a otras firmas del grupo para cubrir obligaciones, y algunas prestatarias habrían recibido fondos de sociedades vinculadas al momento de pagar cuotas. El circuito, según la investigación descrita, no se habría sostenido necesariamente con la actividad propia de las empresas receptoras. La repetición de esas operaciones fue señalada como un factor que llevó a la insolvencia de una entidad financiada con depósitos de sus clientes.
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