Esta semana se decide si el caso de los sobreprecios para reparar escuelas se eleva a juicio oral y público. Las defensas cuestionaron la acusación y la Fiscalía advirtió que sospecha de la participación de más funcionarios pero que no tiene evidencia.
Agregó que “en esta provincia se direccionaban las obras públicas por las relaciones y los vínculos, por razones de amistad o militancia”.
De acuerdo con la acusación, los proveedores Juan Manuel Cottet y Osvaldo Ponce de León confeccionaban ellos mismos los presupuestos oficiales y las memorias descriptivas de los trabajos a realizar.
Los responsables de cada área invitaban a cotizar a otros oferentes que sabían de antemano que no se presentarían, de modo que Cottet o Ponce de León quedaban como únicos postulantes en cada compulsa de precios.
Entre las obras alcanzadas se encuentra la de la Escuela N° 93 de El Maitén, donde en 2022 se produjo una intoxicación con monóxido de carbono que afectó a alumnos y personal docente, hecho que había motivado la denuncia penal del entonces gobernador Mariano Arcioni.
Los imputados son Edgardo Campos, Mónica Martínez Carpio, Maximiliano García, Leonardo Chacón, Claudio Márquez, Gustavo Barauna y Rocío Silva Preciado. Eran funcionarios públicos al momento de los hechos, junto con Cottet y Ponce de León.
Les imputan defraudación por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La pretensión punitiva solicitada varía entre dos y tres años y seis meses de prisión efectiva según el rol de cada acusado, con inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en los casos de quienes ocupaban funciones estatales. El expediente continuará su trámite hacia la etapa de juicio oral y público ante un tribunal mixto.
Fotos: Daniel Feldman
Fuente: Diario Jornada