La política puede ser áspera, incómoda, feroz. Puede y debe ser un campo de discusión dura. Lo que no puede ser —lo que no debe permitirse— es que se transforme en un campo de exterminio moral donde la vida personal de los adversarios sea una pieza más en el tablero de ataque.
Porque una cosa es confrontar ideas. Y otra muy distinta es arrastrar al barro a la familia del otro.
Cuando se llega a ese punto, no se está ganando un debate: se está mostrando que ya no hay argumentos. Que lo único que queda es el daño.
Lamentablemente, en la Argentina actual, esa práctica no solo existe: se ha convertido en una forma de ejercer el poder.
Desde la cúpula del Gobierno Nacional, el presidente Javier Milei y su entorno más directo no han dudado en utilizar el insulto, la exposición personal, la burla y el escarnio como herramientas políticas. Pero lo más grave es que no lo hacen solo con los dirigentes. Lo hacen también con sus familias. Con sus hijas, con sus esposas, con sus hermanos.
Esa conducta, además de miserable, es profundamente antidemocrática. Porque ataca lo que debería ser intocable: el espacio íntimo de cada ser humano, el círculo de afectos que no forma parte del juego político, y que no eligió exponerse.
¿Desde cuándo criticar al hijo, a la pareja o a la madre de un funcionario es una forma legítima de hacer política? ¿Desde cuándo arrinconar a una familia por lo que representa un dirigente es válido? ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo si toleramos eso como parte del “discurso público”?
Pero cuando todo vale, ya nada vale.
Y eso no es una frase: es un diagnóstico.
Porque cuando la política se convierte en una guerra sin reglas, ya no importa quién tiene razón. Solo importa quién grita más fuerte, quién pega más abajo, quién deshumaniza más rápido.
Y en ese camino, se rompen todas las barreras. Incluso la más básica: el respeto.
Hoy se naturaliza que desde la más alta magistratura del país se insulte sin filtro. Que se repartan ataques personales como si fueran caramelos. Que se construya poder no sobre la base del consenso o del proyecto, sino sobre el miedo, la humillación y la destrucción sistemática del otro.
Y no se trata solo de una crisis política. Se trata de una crisis ética.
Porque cuando el Estado, el poder y los grandes medios empiezan a validar la idea de que la familia también es “blanco legítimo”, lo que se está diciendo es que no hay límite. Que no hay zona de resguardo. Que el que opine distinto, pagará con todo.
¿Eso es libertad? No.
Eso es barbarie con micrófono.
Y eso, además de ser cobarde, es profundamente peligroso. Porque lo que hoy le hacen a un político, mañana se lo pueden hacer a cualquier ciudadano que alce la voz.
La Argentina necesita, urgente, restaurar los límites.
No los límites de la corrección política vacía, sino los de la convivencia democrática.
Debatir sí. Criticar sí. Exponer fallas, denunciar, polemizar: siempre.
Para nosotros la Familia, es un límite que define si estamos discutiendo en democracia… o peleando en la oscuridad.