La intervención de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson presentó una denuncia penal por presunta administración fraudulenta contra seis exintegrantes del Consejo de Administración, luego de que se confirmara una millonaria pérdida patrimonial derivada de decisiones que la actual conducción calificó como «irresponsables y negligentes».
La presentación fue realizada el 1 de julio ante la Fiscalía local, y apunta a los exdirectivos Heladio Gómez, Patricia Gallegos, Cynthia Sanz, Josefa Ávila, Fabián Moyano y César Monsalve, quienes habrían omitido deliberadamente el cumplimiento de obligaciones clave, generando un perjuicio económico que, según el sumario, rozó los 620 millones de pesos.
Una deuda mal gestionada
Todo se originó en 2023, cuando la Cooperativa acordó con la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENTOS) el pago de una deuda de $192 millones, a saldar en cuotas. No obstante, los pagos correspondientes a noviembre y diciembre no se realizaron, lo que activó una cláusula de exigibilidad anticipada del total adeudado, sumando intereses punitorios y costos judiciales.
La cifra final, que ascendió a $619 millones, terminó siendo embargada judicialmente sobre las cuentas de la Cooperativa, profundizando la ya delicada situación financiera de la entidad.
Fondos había, pero se destinaron a otro lado
Según detalla la investigación interna, empleados advirtieron con antelación los vencimientos, pero el Consejo de Administración decidió no ejecutar los pagos, a pesar de contar con recursos suficientes. Lo más grave: durante ese mismo período, se suscribió un fondo de inversión privado con un monto incluso superior al que se debía a FENTOS.
Este movimiento resulta clave en la denuncia, ya que podría configurar una maniobra dolosa de desvío de fondos, especialmente si se comprueba que el rendimiento del fondo era incierto o de alto riesgo.
La causa en manos de la Justicia
La intervención, entiende que los exdirectivos incurrieron en una conducta que va más allá de la negligencia administrativa, con efectos patrimoniales concretos para la Cooperativa y, por ende, para sus más de 20 mil asociados.
Desde la Fiscalía de Rawson ya se inició la etapa de análisis documental y contable, que incluirá peritajes sobre movimientos financieros, cruces de correos electrónicos internos, actas del Consejo y declaraciones testimoniales. No se descarta que en los próximos días los imputados sean citados a declarar.
Clima tenso y expectativa de cambios
El caso se da en medio de un clima institucional ya cargado por conflictos internos, reclamos laborales y demandas de transparencia por parte de usuarios. La denuncia oficializa un secreto a voces que circulaba en los pasillos: que algunas decisiones tomadas por el Consejo anterior pudieron haber sido más que simples errores de gestión.
Mientras tanto, la intervención busca reordenar las finanzas y recuperar la confianza de la comunidad, en momentos donde la idea de una eventual estatización o transformación jurídica de la Cooperativa también gana terreno en la discusión pública.