“LA JUSTICIA TARDA, PERO LLEGA…….”

Ahora bien, tal como es de público conocimiento, vale recordar que en un claro marco o contexto de conflicto laboral colectivo con un grupo empresario determinado fue que se interpusieron sendas denuncias penales acusándosenos de delitos que no cometimos, con fundamento en ello fueron incluso arrasados nuestros derechos y garantías constitucionales. No obstante, luego de un largo y espinoso derrotero hemos obtenido el ineludible sobreseimiento. Lo transitado ha sido difícil, hemos tenido que lidiar con aceitados canales de tráfico de influencias que impregnaron todas las vías institucionales obstaculizando y/o frustrando así la expresión de legítimos reclamos laborales, incluso hemos padecido vulneraciones a nuestro derecho de defensa, hemos tenido que escuchar a una diversidad de locutores que, con y sin autoridad, con y sin legitimación, aunque todos con la misma impunidad y sin contar con información verosímil, nos estigmatizaran desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, con expresiones cuyas consecuencias en cuanto a su extensión y alcance se vieron acrecentadas por el efecto multiplicador de las redes sociales.
No obstante lo anterior, lejos de acumular enojo y resentimiento, lejos de acudir a vías de hecho, lejos de apelar a la violencia que siempre emerge excelsa a todo cierre de los canales institucionales, con el aplomo suficiente hemos sabido apelar a la templanza, a la espera impasible de que prime la verdad, la racionalidad y la sensatez, confiando en la plena vigencia del Estado de Derecho y en la vías pacíficas de solución de controversias, entendiendo, a nuestro pesar quizás y a costa de padecer un sinnúmeros de injusticias, que son las reglas del juego tácitamente aceptadas en nuestra joven democracia cuando existen espacios o nichos que por su relevancia invitan a una disputa salvaje de poder.
En definitiva, lo cierto es que recién habíamos asumido la gestión sindical cuando la embestida desde todos los ámbitos nos acorraló -acompañada con un incesante despliegue de violencia institucional-, y no como algún político audaz e inadvertido profirió -faltando absolutamente a la verdad- ante toda la población que se trataba de una conducción que estaba atornillada desplegando prácticas ilegales y violentas desde hacía años en la conducción sindical, sino que, además, tal como la justicia ahora ha dicho, no cometimos los delitos que se nos endilgaron.
Por lo que, no es astucia ni de avezado inferir que lo realmente grave y emergente de las situaciones que nos tocó atravesar es la clara muestra o el caso ejemplar de que el Pacto Social es lo que se encuentra definitivamente en terapia intensiva. Las instituciones públicas están cada día más desprestigiadas, el bienestar general ya no parece ser un objetivo noble, y los funcionarios han devenido en su mayoría funcionales al poder económico de una forma indisimulable, por lo que, urge devolverles a aquellas el estatuto y las funciones que están llamadas a cumplir. Y en eso sin dudas la política tiene una misión ineludible y trascendental que afrontar. Por nuestra parte, nuestro gran desafío es hacer lo propio, -porque es lo que corresponde-, en nuestra entidad sindical y no vamos a distraernos en nada que nos desvíe de tal misión fundamental, consistente en alcanzar siempre el bienestar de los estibadores, entre otros nobles objetivos que nos movilizaron a asumir con seriedad y responsabilidad el compromiso de la representación sindical. En tal orden, cabe traer a colación que si, efectivamente, esta nueva gestión sindical que asumió sus funciones apenas hace poco más de un año vino a erradicar para siempre de nuestra entidad prácticas ilegales, antiestatutarias y violentas como las que desplegó la gestión anterior que sí estuvo más de doce años atornillada al sillón sindical sin defender los derechos de nuestros representados y sin cuidar a nuestra entidad.
En tal entendimiento, y concretamente en relación al derrotero que nos mantuvo estigmatizados y en vilo, estamos convencidos que fallaron en su función los representantes políticos de la administración pública provincial, de la justicia, de los medios de comunicación (quienes también tienen una función social importante que cumplir al ser formadores de opinión) y, por otra parte, la ansiedad de los cibernautas que también ayudo significativamente a la producción de efectos perjudiciales imparables e inconmensurables en nuestras vidas personales, así como en nuestras funciones de representación.
Así las cosas, pareciera ser que estamos en la era de la falta absoluta de límites desde todos los ámbitos, todo es válido para justificar cualquier posición, todo adquiere profusión, todo se vuelve casi pornográfico, ya ni siquiera la ley hace de límite y, de seguir profundizando estos patrones estaremos realmente jugados. Entonces, por experiencia personal si se quiere, apelamos a volver a las reglas de juego formales, claras, limitadas, porque si no nos comprometemos a ser respetuosos de los límites formalmente establecidos, el devenir solo auspicia un futuro indeseable para todos, para todos sin excepciones.
Sentado lo anterior, no puede soslayarse que las instituciones públicas deben volver a ser confiables y a generar confianza de la comunidad en ellas, y en tal inteligencia sus representantes deben llamarse a la imparcialidad, sea construyendo un puente entre partes en conflicto sea aportando racionalidad sea echando un manto de claridad a cuestiones que muchas veces obedecen a meras desinteligencias que se desanudarían sencillamente con buena fe y buenos oficios. Fundamentalmente cuando se encuentran en juego el buen nombre, honor, los intereses y derechos de los trabajadores, por cuanto los trabajadores no contamos en modo alguno con las herramientas, los recursos, ni poder de lobby ni ejercemos las influencias suficientes para igualar siquiera los recursos de los actores que ostentan el poder económico que seduce a más de un funcionario de turno. Siendo esto una realidad, el Estado tendría que estar presente para corregir las asimetrías estructurales, para servir de mediador, de tercero imparcial que garantice los derechos de todos con la objetividad necesaria. En modo alguno la función estatal puede residir, como sucedió, en utilizar los recursos estatales a su disposición para tomar partido por una de las partes de un conflicto ni a profundizarlos ni a promover la estigmatización de nadie.
Dicho sea de paso, mucho se nombró desde los organismos públicos durante el conflicto que atravesamos “La Paz Social”, paz social que no es ni puede ser la consecuencia de la voluntad política de un dirigente de turno como trascendió oportunamente y también recientemente, sino más bien que debe ser el efecto propio de la existencia de la justicia social sobre todos los integrantes de una comunidad organizada en base a condiciones dignas de respeto mutuo. Exigir que se respeten nuestros legítimos reclamos y derechos laborales también constituye norma de convivencia básica, y quienes atentan contra ellos ciertamente también irán contra el ordenamiento jurídico y pondrán en riesgo la Paz Social aludida.
Por ello, hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos aquellos actores que tienen funciones sociales que cumplir. En tal sentido apelamos a que nunca más los reclamos por dignidad y derechos de los trabajadores vuelvan a ser considerados “apriete y/o extorsión” que “vulnera la paz social”. Y, quienes decidan o insistan en adoptar el temperamento de equipararlos son quienes se alejarán del Pacto Social y, en consecuencia, promoverán que se empañen o veden los canales legítimos de expresión de la ciudadanía, y ese es el principal factor que deteriorará la mentada Paz Social, que tanto se declama públicamente.
En definitiva, los roles que cada uno de los actores ocupamos en la sociedad no pueden ser concebidos en términos maniqueístas que nos impida pensar la complejidad de la trama social en un marco de diálogo honesto y respetuoso. Debemos entonces superar aquella concepción si queremos reconstruir el Pacto Social. Y ese es nuestro llamamiento, y lo es por el bienestar general de la comunidad que nos acoge.

Alexis G. Gutierrez
Secretario General

Juan C. Inalef                      Bruno N. Igor Vera                   Claudio Villarroel
Pro Secretario                       Secretario Gremial                     Pro Tesorero

Cristian A. Perez                                 Jose G. Zambrano
Secretario de Actas                                Vocal Titular

SINDICATO UNIDOS PORTUARIOS ARGENTINOS CHUBUT
(S.U.P.A. CHUBUT)